LA POLÍTICA ECONÓMICA: EL DESARROLLISMO

A finales de la década de 1950, el fracaso de la política autárquica, la nueva situación internacional y el descontento popular convencieron al régimen de la necesidad de una reordenación política y económica para poder asegurar su propia supervivencia.

La reordenación del régimen franquista fue impulsada por la entrada en el gobierno de algunos ministros vinculados al Opus Dei, los cuales, aportaron criterios más técnicos y modernizadores. Por ello, se conoce a este grupo como los tecnócratas, que promovieron una apertura económica que posibilitase el acercamiento a Europa y favoreciese el desarrollo industrial. Los nuevos gobiernos, a partir de 1957, abandonaron la autarquía e iniciaron un proceso de liberalización económica y apertura a la economía europea. Para ello se puso en marcha el Plan de Estabilización (1959), cuyo objetivo era sustituir una economía cerrada y con fuerte control estatal, por una economía vinculada a los circuitos internacionales y con mayor peso de la iniciativa privada.

Una vez suprimidos los obstáculos al comercio exterior, se promulgaron una serie de medidas para favorecer la inversión de capital extranjero. Asimismo, el gobierno puso en marcha los llamados Planes de Desarrollo (1964-1975), que pretendían fomentar el desarrollo industrial y disminuir los desequilibrios entre las diferentes regiones españolas (Para ello se crearon los Polos de Desarrollo que promovieron nuevas industrias en zonas de escasa industrialización).

Entre 1959 y 1973, España conoció un período de gran crecimiento de su economía, con unas tasas de crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) superiores a la media de los países europeos. Este auge económico se manifestó en un gran crecimiento de la industria, aumento de productividad, incremento de la mecanización y de la diversificación de la oferta de productos. También se produjo un crecimiento del sector servicios, gracias especialmente a la llegada de turistas. El sector turístico se convirtió en uno de los mayores puntales económicos del país. El comercio exterior y las exportaciones se reactivaron. Como resultado de este proceso, entre 1960 y 1973, la renta nacional se incrementó a la vez que aumentó el poder adquisitivo y los salarios, lo que produjo una mejora general del nivel de vida de la población.

La cara negativa de este desarrollo fué el mantenimiento de las desigualdades personales en la distribución de la renta y el mal reparto regional. Los principales beneficiarios del milagro económico fueron la banca y los grandes grupos industriales, favorecidos por el Estado. Por otra parte, existían grandes desequilibrios regionales: País Vasco, Madrid, Cataluña, Levante, Baleares y Canarias crecieron a un gran ritmo mientras que Galicia, Extremadura, Andalucía, Aragón y las dos Castillas no lograron salir de su atraso, salvo en los nuevos enclaves industriales( El Ferrol, Vigo, Sevilla, Cádiz, Huelva, Valladolid, Burgos). Es por lo que a este fenómeno de crecimiento, pero con desequilibrios, se le denomina "DESARROLLISMO". La consecuencia fué la emigración masiva a las regiones industrializadas de España y, sobre todo, al extranjero (países ricos de Europa: Alemania, Bélgica, Suiza, Holanda...).

 Por tanto, los buenos resultados de este crecimiento económico no pueden ocultar sus grandes limitaciones:

• Las acciones emprendidas se centraron principalmente en la industria y en los sevicios. El sector agrario, a pesar de las mejoras introducidas, siguió en situación de atraso y su población expuesta al paro o a la pura subsistencia lo que le llevó a tener que emigrar.
• La gran dependencia de la tecnologia y de las inversiones extranjeras (patentes, maquinaria).

• Los beneficios del crecimiento no fueron bien retribuidos por el Estado: insuficiencia de viviendas, hospitales, escuelas, infraestructuras y, sobre todo, de un nuevo sistema fiscal que fuera progresivo y más justo (más peso de los impuestos directos, más impuestos a las rentas más altas).

Todas estas deficiencias se pusieron en evidencia con la crisis de 1973.

LA POLÍTICA ECONÓMICA: LA AUTARQUÍA (DENTRODE LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA)

En 1939, España era un país destrozado por la Guerra Civil, que comportó un hundimiento demográfico (se calcula que el conflicto causó unas 550.000 víctimas y unos 400.000 exiliados). Parte de la industria de la agricultura, de las vías de comunicación y de los medios de transporte habían sufrido importantes destrozos. Asimismo, la producción descendió muy por debajo del nivel de antes de la guerra.

Por otro lado, para la mayoría de la población (obreros, campesinos y clase media), la vida cotidiana venía marcada por la falta y la escasez de alimentos. Los salarios eran bajos y su capacidad adquisitiva resultaba muy escasa, lo que provocaba la extensión de la pobreza e incluso de la miseria. Pero, al mismo tiempo, fueron años de euforia y enriquecimiento fácil para unos pocos sectores de la sociedad: los jerarcas del régimen, los grupos sociales más vinculados al poder y los espectadores, que se enriquecían con la escasez de productos y los bajos salarios de los obreros. Fueron los años del mercado negro; algunos se enriquecieron con él, como la familia March de Mallorca.

En la posguerra, la política económica del franquismo se caracterizó por un gran intervencionismo del Estado en la producción y distribución de los bienes, fijación de los precios, reglamentación de los salarios y control sobre el comercio exterior. Además el régimen aspiraba a la autarquía económica, impulsada también por el aislamiento y el boicot internacional. Se pretendía la autosuficiencia y el fomento de la producción nacional, es decir, autoabastecerse de la mayoría de productos y limitar al mínimo las importaciones para no depender del exterior. La falta de alimentos obligó al racionamiento y la falta de viviendas propició el chabolismo.

Para fomentar el desarrollo de la industria, se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941 y se fundaron empresas públicas que se ocuparon de los sectores no rentables para la iniciativa privada, pero necesarios para la economía del país. Además, se siguió una política proteccionista que gravaba con fuertes aranceles las importaciones y limitaba la entrada de capital extranjero. También se fomentaron las obras públicas.

La autarquía fue un desastre para la economía española, que tardó muchos años en recuperar el nivel anterior a la guerra. La agricultura y la industria crecieron muy lentamente, el comercio con el exterior era mínimo y la escasez de bienes de consumo duró largos años. En consecuencia, el nivel de vida y la renta per cápita española no alcanzaron las cifras de 1936 hasta 1953. Habría que esperar a la década de 1960 para que el crecimiento de la economía permitiese la mejora del nivel de vida de la mayoría de los españoles. estos años difíciles (que nos alejaron de otros países de Europa Occidental) quedan muy bien reflejados en obras como "Tiempo de Silencio" de Luis Martin Santos.

EL CONSENSO ECONÓMICO: "LOS PACTOS DE LA MONCLOA"

Los efectos de la crisis económica internacional de 1973 (por la subida del precio del petróleo decretada por la OPEP) duraron más de una década. la económia española experimentó esta crisis a partir de 1975, agravándose en 1979 por una nueva subida. Se reflejó en: elevada inflación, reducción de las exportaciones, crisis de la industria, aumento del paro, descenso de la renta per cápita, disparo del gasto público...

Al principio, se cometieron muchos errores en la lucha contra la crisis: ampliación de la producción siderúrgica basada en una supuesta expansión de la demanda que no se dió, lo que obligará a realizar más tarde una fuerte reconversión de industrial; incorporación al sector público de algunas empresas privadas en quiebra o con graves dificultades, lo que hizo aumentar las pérdidas del grupo INI y el incremento del gasto público.

Los intentos de solución no se abordaron en profundidad hasta 1977, sin duda por la prioridad otorgada a los problemas políticos: estos intentos son los llamados "Pactos de la Moncloa" firmados el 25 de octubre de 1977 por los partidos parlamentarios y las centrales sindicales y ratificados por el Congreso de los Diputados dos días después. Se inspiraron en el Plan de Saneamiento y Reforma de la economía del profesor y economistaEnrique Fuentes Quintana consistente en: eficaz reforma fiscal, moderación de las tasas de crecimiento salariales y especial atención al problema del paro ("economía social de mercado").

Sus dos objetivos principales fueron:

• Reducir la inflación: para ello se devaluó la peseta y se moderó el gasto público (incluyendo a la Seguridad Social); los resultados fueron positivos: la inflación pasó del 29% en 1977 a menos de la mitad en 1978.
• Repartir equitativamente los costes de la crisis: esto se hizo a través de una reforma fiscal con  la creación del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio (1977) y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (1978) con un retraso de casi un siglo. Así, España se incorpora a la estructura tributaria de los paises desarrollados, pudiendo dar los primeros pasos hacia la constitución del Estado del Bienestar. También se estableció un nuevo marco para las relaciones laborales que permitió un aumento de los salarios según la inflación prevista.

LA DESAMORTIZACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Durante el Bienio Progresista (1854-56), el ministro de Hacienda, Pascual Madoz elaboró la Ley de Desamortización General que supone la desamortización de todos los bienes no pertenecientes a individuos privados. Se trataba, por lo tanto, de completar el proceso desamortizador iniciado por Mendizabal en 1836. A diferencia de éste, la Ley de Madoz se desarrolló a gran velocidad, las condiciones de pago cambiaron algo ( 10 % de entrada y el resto aplazado, admitiendose sólo el abono en efectivo) el volumen de dinero recaudado fué casi el doble que en la Desamortización Eclesiástica, y se destinó a amortizar la deuda y a cubrir las necesidades de la Hacienda tras la abolición del impuesto de consumos, a financiar las obras públicas y la construcción del ferrocaril y tambien a consolidar una clase media favorable al régimen liberal. El grueso de las ventas tuvo lugar en los decenios siguientes a la aprobación de esta ley, pero supuso un total de 11.300 millones de reales. y hasta finales del siglo se siguieron expropiando bienes.

Las consecuencias económicas fueron varias pero afectaron sobre todo a la agricultura.

• La trasformación jurídica del régimen de propiedad: se pasa de propiedad vinculada a la propiedad privada. Se produjo una amplia transferencia de propiedades, que pasaron de una titularidad colectiva a otra particular, pero esos nuevos propietarios no fueron gente del campo sino burgueses con dinero que no estaban interesados en invertir en ellas ni dedicarse a ella. Por ello, la desamortización no cambió la estructura de la propiedad ni la forma de trabajar la tierra.
• Hubo un escaso incremento de los rendimientos y en la productividad agrícola; porque tanto los nuevos como los viejos propietarios no emprendieron mejoras importantes.
• Hubo un crecimiento de la recaudacion que permitió afrontar gastos y reducir el déficit de la Hacienda Pública. Pero esta recaudación fué insuficiente por las condiciones de venta excesivamente favorables al comprador. Entre 1836 y 1851 el Estado recaudó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en metálico, cuando la deuda ascendía ya a unos 14.000 millones.