LA DESAMORTIZACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Durante el Bienio Progresista (1854-56), el ministro de Hacienda, Pascual Madoz elaboró la Ley de Desamortización General que supone la desamortización de todos los bienes no pertenecientes a individuos privados. Se trataba, por lo tanto, de completar el proceso desamortizador iniciado por Mendizabal en 1836. A diferencia de éste, la Ley de Madoz se desarrolló a gran velocidad, las condiciones de pago cambiaron algo ( 10 % de entrada y el resto aplazado, admitiendose sólo el abono en efectivo) el volumen de dinero recaudado fué casi el doble que en la Desamortización Eclesiástica, y se destinó a amortizar la deuda y a cubrir las necesidades de la Hacienda tras la abolición del impuesto de consumos, a financiar las obras públicas y la construcción del ferrocaril y tambien a consolidar una clase media favorable al régimen liberal. El grueso de las ventas tuvo lugar en los decenios siguientes a la aprobación de esta ley, pero supuso un total de 11.300 millones de reales. y hasta finales del siglo se siguieron expropiando bienes.

Las consecuencias económicas fueron varias pero afectaron sobre todo a la agricultura.

• La trasformación jurídica del régimen de propiedad: se pasa de propiedad vinculada a la propiedad privada. Se produjo una amplia transferencia de propiedades, que pasaron de una titularidad colectiva a otra particular, pero esos nuevos propietarios no fueron gente del campo sino burgueses con dinero que no estaban interesados en invertir en ellas ni dedicarse a ella. Por ello, la desamortización no cambió la estructura de la propiedad ni la forma de trabajar la tierra.
• Hubo un escaso incremento de los rendimientos y en la productividad agrícola; porque tanto los nuevos como los viejos propietarios no emprendieron mejoras importantes.
• Hubo un crecimiento de la recaudacion que permitió afrontar gastos y reducir el déficit de la Hacienda Pública. Pero esta recaudación fué insuficiente por las condiciones de venta excesivamente favorables al comprador. Entre 1836 y 1851 el Estado recaudó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en metálico, cuando la deuda ascendía ya a unos 14.000 millones.